La medida impulsada por Emilio Monzó implicaría un ahorro de 180 millones de pesos
Los 200 empleados de la Cámara de Diputados que fueron identificados con reiteradas faltas al trabajo, ya están en proceso de cesantía. En tanto, el Gobierno planea un plan de retiros voluntarios al que se podrán adherir trabajadores de la planta permanente que representan 900 personas sobre el total de las 5.589 que suman entre permanentes y transitorios.
Estas reformas, impulsadas por el presidente del Cuerpo, Emilio Monzó, se ratificarán en «marzo o mayo», según confirmó a Clarín su secretaria administrativa, Florencia Romano. Se estima que si los 900 agentes en condiciones de hacerlo adhirieran, implicaría un “ahorro” de 180 millones de pesos anuales en gastos de personal.
La idea de Monzó es hacer «un gran primer filtro» que permita dar de baja a los «ñoquis» que desde que se implementó el sistema de huella dáctilar al ingreso, no se presentaron a trabajar. De los 200 a los que se les inició el trámite de cesantía, unos 30 se adelantaron y reunciaron.
En este sentido, Romano explicó que «si se lanzaba la hulla biométrica y los retiros al mismo tiempo, mucha gente que hace años no trabaja iba a adherirse y llevarse un beneficio que queremos que sea para aquellos que cumplen con sus tareas”.
La política de presentismo busca restablecer un “orden” para luego rever la estructura orgánica de la Cámara, perfiles de los puestos, e impulsar concursos administrativos para ocupar los cargos, indicó la funcionaria quien también resaltó que diferencia de anteriores administraciones, los diputados salientes que se retiraron el 10 de diciembre se fueron con sus asesores contratados porque Monzó no habilitó ningún pedido de pase a planta permanente.
De esta manera, desde diciembre de 2015 la planta total bajó de 5.760 a 5.589 empleados. En el Senado hay otros 5.020 agentes y también habrá retiros voluntarios abiertos a la planta permanente. Desde febrero también controlarán el presentismo con la huella dactilar.